Hace treinta y cuatro años, tras cuatro
décadas privados de libertad, los españoles construimos el marco para la
convivencia por el que habían trabajado varias generaciones de
demócratas: La Constitución de 1978.
Una Constitución que garantiza los
derechos y libertades de todos los ciudadanos, y que ha sido fundamental
para el desarrollo integral de España.
Una Constitución abierta, capaz de
incluir a todos, de amparar las distintas concepciones ideológicas y de
permitir una efectiva alternancia de gobiernos de distinto signo. Una
Constitución aprobada por un amplio consenso, que fue concebida como
obra de todos y para todos, que todos debemos defender, y cuya
paternidad nadie puede arrogarse en exclusiva.
Los españoles debemos sentirnos
orgullosos del camino recorrido desde entonces. En estos momentos tan
difíciles, también para las instituciones, el proceso de elaboración y
discusión del texto constitucional es un excelente recordatorio de que
cuando trabajamos unidos en torno a unas metas compartidas somos capaces
de superar grandes dificultades.
Vivimos un momento de crisis económica
global, que en nuestro país es especialmente intensa; una crisis que ha
traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y
trabajadoras, y enormes dificultades para sus familias.
En este contexto, se están produciendo
cambios sustanciales en el Estado del bienestar, que durante estos años
en democracia ha garantizado la cohesión social, la convivencia y el
éxito económico de nuestro país. La Constitución sigue siendo un
referente que debe contribuir a dar respuestas contundentes para
impulsar soluciones diferentes a las que se están adoptando; respuestas
que deben superar los dogmatismos económicos y los dictados del
capitalismo especulativo.
El carácter democrático del Estado de
Derecho, consagrado en el Artículo Primero de la Constitución, exige de
los poderes públicos que intervengan para corregir desigualdades y
conseguir la igualdad real entre los hombres y mujeres, así como que
defiendan los valores de libertad, justicia y pluralismo político, y la
dignidad de la persona como el fundamento del sistema.
La Constitución concibe la Justicia como
un poder del Estado, y la configura como un derecho y como un servicio
público de carácter prestacional dirigido a la protección de los
derechos y de los intereses legítimos de la ciudadanía. Por ello, los
socialistas renovamos nuestro compromiso con una justicia propia del
siglo XXI: una justicia eficaz, ágil y próxima al ciudadano. Un
compromiso que choca con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno,
que suponen un serio obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la
justicia en condiciones de igualdad.
Como norma de nuestro tiempo, los preceptos de libertad de conciencia,
ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del Estado,
están garantizados por la Constitución y como tales deben ser respetados
de modo efectivo por cualquier Gobierno, con independencia de la
ideología propia del Partido que lo sustente.
Asimismo, la Constitución contiene el
marco normativo del estado Social, comprometido con el acceso de los
ciudadanos a unas condiciones de vida dignas, a través de la educación,
la salud, el trabajo y la vivienda, para garantizar la cohesión y la
equidad.
Frente al fracaso de las políticas
económicas que la crisis global ha puesto de manifiesto, los socialistas
consideramos que la dimensión social que define nuestra Constitución
legitima la intervención de los poderes públicos, la regulación y la
supervisión pública en base al interés social que no debe disociarse de
la dignidad humana.
Nuestra Constitución proclama “el
derecho y el deber al trabajo” y que, “los poderes públicos de manera
especial, realizarán una política orientada al pleno empleo” y sitúan al
empleo como prioridad. Por ello la creación de empleo y la lucha contra
el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo
constitucional.
Nuestra Constitución afirma que “los
poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, “siendo
la enseñanza básica obligatoria y gratuita” y dispone que “los poderes
públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica
en beneficio del interés general”. Los socialistas creemos básico el
fortalecimiento de la enseñanza pública, la mejora de la cohesión y la
calidad del sistema.
Nuestra Constitución establece “el
derecho a la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación” y reconoce “el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado” con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Nuestra Constitución reconoce “el
derecho a la protección de la salud” y a “mantener un régimen de
seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.
En el marco de nuestra Constitución se
ha desarrollado un Estado autonómico que es la base del bienestar de
nuestro país, y la clave de la reducción de las enormes desiguales que
existieron en el pasado entre las diferentes regiones españolas. El
modelo autonómico ha ido avanzando y desarrollándose, adaptándose a los
tiempos, mejorando su funcionamiento y progresando a través de las
diferentes reformas estatutarias.
Ahora ha llegado el momento de que el
principal marco regulador de ese Estado autonómico evolucione. Por eso,
para avanzar en el autogobierno de las actuales Comunidades Autónomas,
los socialistas queremos mejorar la Constitución. Necesitamos crear,
ahora más que nunca, un nuevo marco jurídico en el que todos los
integrantes del Estado se sientan cómodos y reconocidos en sus
especificidades. Para ello, consideramos que es fundamental abrir un
amplio proceso de diálogo, que debe estar presidido por los mismos
valores de responsabilidad, generosidad y lealtad que inspiraron la
Transición.
Felicitémonos hoy por los treinta y
cuatro años de convivencia en paz, libertad y democracia que, amparados
bajo el paraguas de la Constitución de 1978, hemos disfrutado los
españoles; y construyamos, más pronto que tarde, una Europa unida,
fuerte y cohesionada en lo político y económico. Una Europa que vele con
decisión por los intereses de los Estados miembro y de sus ciudadanos.
Una ciudadanía europea que tenga como cimientos todo lo que nos une, y
donde nuestros jóvenes sean protagonistas del presente y del futuro.
El PSOE aborda este momento con energía
renovada para superar la grave situación que vive España, decidido a
afrontar los desafíos desde el espíritu de diálogo y consenso con que
fue posible elaborar, hace treinta y cuatro años nuestra Constitución.
Invitamos por ello al resto de fuerzas políticas, a las instituciones y a
los agentes económicos y sociales al diálogo, al acuerdo y al pacto
para defender el Estado del Bienestar, impulsar el crecimiento económico
y el futuro de España.
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