Posible pacto en el caso de la residencia de Massamagrell
El pacto es posible en el caso de la residencia de Massamagrell. Los abogados de los cinco acusados del incendio registrado en marzo de 2006 en una residencia de Massamagrell, donde fallecieron cinco discapacitados psíquicos, negociaban ayer con el fiscal llegar a una conformidad para evitar la prisión de sus clientes.
El pacto consistiría en que los acusados reconocieran los hechos y aceptaran unas penas menores de las que inicialmente pedía el fiscal, que eran de siete años y medio de cárcel por homicidio imprudente. El ministerio público también reclamaba una indemnización de 120.000 euros para los herederos de los fallecidos.
Uno de los letrados de la defensa explicó ayer que la propuesta de los acusados es aceptar el pago de indemnizaciones -el fiscal propone 120.000 euros para los herederos de tres de los fallecidos (los otros dos no reclaman por ningún concepto) pero podría variar- a cambio de limitar la responsabilidad penal y que puedan eludir los siete años y medio de cárcel que pide la acusación por cinco delitos de homicidio imprudente.
La idea de los letrados es que las acusaciones sean por una falta en dos de los casos y por imprudencia temeraria en uno, mientras que a los dos acusados restantes no se les impondría ninguna pena. La defensa sustenta su postura en el "carácter accidental" de lo ocurrido aquel 28 de junio de 2006 y en que los responsables de la residencia seguían el protocolo establecido al mantener cerrada con llave la enfermería en la que se encontraban las cinco víctimas cuando se declaró el incendio.
Los acusados por el Ministerio Fiscal son el propietario de la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell, el director que sigue hoy en día al frente de la residencia, su administrador, que es hijo del propietario, y uno de los médicos. Una enfermera también está acusada pero de forma particular y no por el fiscal. Según la acusación pública, los cinco acusados habían acordado que, cuando había algún residente en la enfermería y no estuviera con ellos ningún responsable, se debía cerrar con llave la puerta.
El día del siniestro había cinco residentes en la enfermería, y uno de ellos desplazó la cama en la que estaba atado con correas y provocó un cortocircuito tras estirar un cable, causando el incendio del colchón y las sábanas que se extendió al resto de la estancia.
Según el fiscal, el 28 de junio de 2006 cinco internos, la mayoría con graves problemas psíquicos y de movilidad, se hallaban en la enfermería cuando el más joven, de 30 años, cogió el cable que alimentaba el colchón antiescaras en la cama y, debido a una anomalía eléctrica, se desencadenó un sobrecalentamiento por resistencia que provocó el incendio. "Los enfermos se encontraban en la enfermería sin vigilancia alguna y con la puerta de la misma cerrada con llave", y los acusados eran sabedores de esta situación.
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