Jorge Alarte pronuncia la declaración institucional de los Socialistas Valencianos con motivo del 9 d'octubre
Hui es compleixen 772 anys des de què el Rei Jaume I va entrar a la ciutat de València. Eixe 9 d’octubre va marcar l’inici d’un nou temps pels valencians i les valencianes, començant el procès de creació d’un sistema institucional que fou culminat democráticament amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 1982.
Va ser el Consell presidit per Joan Lerma el que va impulsar la definició de les principals senyes d’identitat que hui ens defineixen com a poble: la nostra llengua –el valencià-, la nostra bandera –la Senyera- i la nostra denominació –Comunitat Valenciana-.
Des d’eixa data de 1982, el conjunt d’institucions d’autogovern valencianes, encapçalades per la Generalitat Valenciana, tenen com a únic objectiu defendre els interessos i el benestar de tots els ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat.
Més tard, en 2006, Les Corts aprovaren, amb el suport dels Socialistes Valencians, un segon Estatut d’Autonomia que avançava en el desenvolupament de l’autogovern de la Comunitat Valenciana.
En canvi, en l’actualitat els valencians i les valencianes afrontem el repte de prendre una important decisió. Tenim davant nostre el treball de donar resposta a la pitjor crisi política, econòmica i institucional dels trenta anys de vida de l’autonomia que vàrem recobrar com a poble en 1979.
Malauradament, en 2010 la Generalitat Valenciana, Les Corts Valencianes i el President de la Generalitat, com a màxims representants dels valencians i les valencianes, es troben en una situació que els impedeix complir amb les funcions que els encomana el nostre Estatut d’Autonomia: garantir el treball, la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans de la Comunitat Valenciana.
Desde hace meses, los valencianos y las valencianas asistimos a la demostración pública de que nuestras instituciones, los instrumentos de gestión que les son atribuidos y los recursos de todos los valencianos y valencianas han sido utilizados para un fin muy alejado de sus funciones: apropiarse indefinidamente del poder debilitando seriamente el normal funcionamiento democrático de nuestra sociedad.
En pleno Siglo XXI, los Socialistas Valencianos tenemos la obligación de denunciar que el derecho de información y de expresión está siendo violado en la Comunitat Valenciana. Nuestra máxima cámara de representación política, Les Corts Valencianes, en lugar de ser un espacio para la fiscalización y el control de la gestión del Consell, es hoy un instrumento más al servicio del autoritarismo y la opacidad en el uso de los recursos públicos.
El Gobierno de Francisco Camps se encuentra totalmente paralizado y es incapaz de dar una respuesta al más negativo de los efectos de sus prácticas antidemocráticas: la Comunitat Valenciana está sufriendo con mayor crudeza los efectos de la crisis económica internacional.
Tras quince años de degradación democrática y desvío de los objetivos del gobierno del Partido Popular, los valencianos y las valencianas sufrimos una tasa de paro cuatro puntos superior a la media nacional y cada uno de nosotros somos alrededor de 2.500 euros al año más pobres que la media de los españoles.
Es de vital importancia que transmitamos con claridad a la sociedad que no es posible acceder a las máximas cotas de bienestar y calidad de vida sin asegurar los mínimos niveles exigibles de calidad democrática. Sólo unas instituciones respetables, reputadas y en las que todos los agentes puedan confiar podrán proporcionar unos servicios públicos de calidad y conseguir que la economía pueda desarrollarse en plenitud de condiciones.
Los Socialistas Valencianos no vamos a dejar de denunciar el autoritarismo, la conculcación de derechos de los ciudadanos y la corrupción que Francisco Camps y su Gobierno han instalado como mecanismo habitual de funcionamiento de nuestra administración.
Los Socialistas Valencianos hemos defendido la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos, incluso frente al intento autoritario de amordazar nuestra denuncia de la corrupción a cambio de cargos en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro valencianas. Unas cajas de ahorro que, sólo meses después, perdieron su autonomía y liderazgo de la economía valenciana ante la incapacidad política del propio Francisco Camps.
Y, sobre todo, la actual situación compromete seriamente el futuro y el progreso colectivo. Especialmente, el de los más de 600.000 parados valencianos y el de miles de empresas cuya supervivencia ha peligrado o, incluso, se han visto obligadas a cerrar.
La democracia está en juego en la Comunitat Valenciana. La honradez, la ética, el pluralismo y la transparencia deben sustituir a la manipulación y la perversión del sistema público de derechos y de los valores esenciales de la democracia.
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