NO AL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR

Decía Sir Francis Bacon, que “Quien no quiere pensar es un fanático, quien no se atreve a pensar es un cobarde, y quien no sabe pensar es un idiota”. Su contemporáneo René Descartes, emitió una sentencia universal que, aunque todos conocemos, parece que muchos no utilizan: “Pienso, luego existo”. El pensamiento, la duda, la reflexión, el cuestionamiento, el análisis, el debate, la razón son las grandes columnas que sustentan todo conocimiento, avance y progreso humano. Sin embargo, aunque todos hemos aprendido más o menos estos conceptos en la escuela, resulta sorprendente cómo nos cuesta reflexionar con claridad en asuntos clave que nos conciernen a todos.

Precisamente porque el pensar y el saber nos lleva a la verdad y nos hace libres, reconozcamos que en ciertas ocasiones se tiende a huir de la razón como del diablo. Recuerdo en este sentido que una maestra, fiel seguidora del régimen y cuyos conocimientos no eran mayores que hacer cuatro cuentas, saberse el catecismo al dedillo y ensalzar y glorificar en sus clases a Franco, nos dijo a un grupo de niños pequeños, ante una pregunta que alguien le hizo, que “pensar mucho nos deja tontos”. Esa afirmación, la verdad, me conmovió y me hizo pensar mucho.

Sirva este largo preámbulo para provocar al lector a una simple duda razonable y evidente: ¿Está plenamente justificada la reforma urgente de la Constitución que han pactado el Presidente Rodríguez Zapatero y Mariano para introducir en ella un “techo de gasto” y que no estaba entre las propuestas de los programas electorales de 2008 ni del PSOE ni del PP, con los que fueron elegidos?

Esta ha sido una constante en las propuestas de la derecha española, que siempre ha intentado reducir el Estado y la protección social para debilitar al mundo del trabajo. Surge de la percepción equivocada de que el Estado ha crecido demasiado y es responsable de la crisis actual.

Lo que está haciendo la derecha es utilizar el argumento de la presión de los mercados para conseguir lo que siempre han deseado, es decir, el descenso de los salarios, de la protección social y la privatización del Estado del Bienestar. No debemos ignorar que el liderazgo de la avalancha neoliberal lo ofrece la banca que siempre ha deseado la privatización de la Seguridad Social y de los servicios públicos del Estado del Bienestar, desde la sanidad a la educación. De ahí que sea incoherente que un gobierno socialista acepte como suya tal propuesta.

El gran error del presidente Zapatero ha sido la elección de sus asesores económicos, la mayoría muy próximos a la banca o a la gran patronal. Muchos de ellos proceden de estos grupos y vuelven a integrarse en ellos cuando dejan el poder. Es llamativo y más preocupante que, en un gobierno de centroizquierda, todos los miembros del equipo económico, han compartido una ideología neoliberal que domina la cultura económica en nuestro país. Solo cabe recordar la famosa frase del Ministro Solbes, que indicó que la medida de la cual él estaba más orgulloso era el de no haber aumentado el gasto público en España. De ahí que Mariano dijera que era el único Ministro del gobierno Zapatero que él aprobaba. Y ahora, vemos como el niño de Compostela, apoya la propuesta de limitar el gasto público, acentuando y proclamando que él fue el que la había propuesto, y muy orgulloso de ello.

El estado español no gasta por encima de sus posibilidades. Antes al contrario. En realidad, es el más bajo de la UE-15. Los datos muestran que no es cierto que exista un despilfarro de gasto público y que haya que frenarlo. La mayoría del gasto público es gasto público social, es decir, gasto en transferencias públicas como pensiones y servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, ayudas a las familias, y otros servicios que tienen una enorme importancia en determinar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

El déficit público mide tanto los gastos a los que he hecho referencia, como los ingresos, es decir, el dinero que un Estado ingresa en sus arcas. Y ahí radica el problema. No es que en España el gasto sea demasiado grande. Lo que ocurre es que los ingresos al Estado son demasiado bajos. Representa sólo el 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de los países de la UE-15, que es el 44%. En Suecia, el país que tiene el estado desarrollado más avanzado de la UE-15, el porcentaje es 54% del PIB.

El nivel de riqueza del país permitiría un mayor gasto público para estimular la economía y crear empleo. Pero no lo hacen. La situación en España es vergonzosa. Las grandes empresas pagan menos impuestos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores gravan menos que las rentas medias y bajas. Un tanto semejante ocurre en el IRPF. A mayor renta, menor es el tipo efectivo. En total, la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas fue de 42.711 millones de euros en 2010, lo cual representa el 71,8% de toda la evasión fiscal. Estos datos muestran que no es que no existan recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En realidad España podría seguir unas políticas expansivas distintas a las de austeridad, si realizara la reforma fiscal que corrigiera su gran regresividad. El hecho de que esto no se haga se debe al excesivo poder que tienen los grupos con mayores medios, y su abusiva influencia sobre las instituciones mediáticas y políticas del país.

De la recesión se sale a base de estimular la economía mediante el aumento del gasto público y la creación de empleo. Es impensable que se salga de dicha situación sin un enorme estímulo económico que el Estado tiene que liderar con un gran aumento del gasto público a fin de crear empleo.

De todos es sabido que la decisión de Zapatero de promover una reforma de la Constitución para incluir el techo del déficit ha generado un clima de profundo malestar en buena parte nuestro partido. En unos casos, por la propia naturaleza de la iniciativa ya que ello implica poseer una herramienta muy útil en manos de los gobiernos para hacer frente a los vaivenes económicos y, en otros, por la inoportunidad de la misma: a sólo tres meses de las elecciones generales y con unas encuestas bastante adversas.

Es cierto que procedimentalmente no es imprescindible convocar un referéndum, pero no es menos cierto que democráticamente es una necesidad. Los ciudadanos queramos decir algo sobre esta reforma de la Constitución y exigimos un referéndum que la ratifique o la suprima. Más aún cuando hay otras reformas constitucionales pendientes desde hace años (sobre la Corona o sobre el Senado, por poner solo dos ejemplos) que, en esta ocasión, ni se contemplan. Quizá piensen que el techo de gasto es un asunto técnico, muy complicado, que no debe ser consultado a los ciudadanos corrientes y molientes. Quizá piensen que los ciudadanos corrientes y molientes no somos capaces de juzgar qué es lo que le conviene a España y a nosotros mismos, mientras que ellos sí lo son.

Introducir un techo de déficit en el texto constitucional supondrá la amputación del Estado del bienestar. Recurrir a la vía de urgencia, es un atropello, ya que ni tan siquiera se permite introducir enmiendas. Por ello, al igual que lo han hecho otros compañeros socialistas, hago público mi más profundo rechazo tanto al contenido de la reforma, como al método elegido para llevarla a cabo.

Jacinto Aroca