OBSERVATORIO LEY DE DEPENDENCIA: EL GOBIERNO DE CAMPS FRENA LOS RECONOCIMIENTOS DE PRESTACIÓN DE LA LEY DE LA DEPEDENCIA

En mayo sólo se han resuelto 942 expedientes frente a los 1.129 que se resolvieron en abril en la provincia de Valencia

El Gobierno de Francisco Camps ha puesto freno a los reconocimientos de prestación de la Ley de la Dependencia. Según los datos del Observatorio de la Dependencia que elaboran los Socialistas de la provincia de Valencia, con cifras oficiales y una estimación en base a la población, durante el mes de mayo tan solo se han resuelto 942 expedientes en la provincia, una cifra inferior a los 1.129 que se resolvieron en el mes anterior.

Para la secretaria de Bienestar Social de los Socialistas de la provincia de Valencia, Teresa Prieto, “la administración autonómica ha dado claramente un paso hacia atrás en el cumplimiento de la aplicación de esta ley”, ya que en la provincia de Valencia 32.619 personas que ya han sido dictaminadas como dependientes por la Generalitat continúan sin recibir las ayudas económicas pese a que el Consell ya ha cobrado del Gobierno central.

Por otra parte, la dirigente socialista ha destacado que durante el mes de mayo “se han presentado sólo 679 nuevas solicitudes de reconocimiento, pese a que existen más de 45.000 personas en la provincia de Valencia que tienen derecho a beneficiarse de las prestaciones, pero aún no han presentado la solicitud.

“Esto sólo tiene una explicación y es atribuible al descrédito de la Generalitat Valenciana, porque ha demostrado que no tiene ningún interés para que se aplique como es debido la Ley de la Dependencia, porque es una propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se niegan a reconocer que es una de las apuestas por los derechos sociales más acertadas de los últimos años”

Prieto ha insistido en que “el PPCV tiene un afán recaudatorio vergonzoso y que por eso el dinero que le llega de las arcas nacionales lo malgasta en vez de destinarlo a sus beneficiarios, que son los miles de dependientes de la Comunitat”. Esto, según Prieto, “es intolerable y no lo podemos permitir, porque hay miles de personas que se están muriendo sin cobrar ni un solo euro al que tienen derecho”.