¡Es la igualdad! Artículo de opinión del Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Mientras que los progresistas pensamos que la equidad es un valor
esencial en un sistema educativo, la derecha siempre ha considerado que
calidad y equidad son principios enfrentados.
Alfredo Pérez Rubalcaba
- Secretario general del PSOE
No hay una inversión más productiva que la que se
destina a educación. Todos los esfuerzos son pocos cuando se trata de
mejorar la formación de las personas, y nada contribuye más al progreso
material y a la cohesión de una sociedad que un buen sistema educativo.
Estoy convencido de que nadie medianamente sensato cuestionaría ni una
sola de estas afirmaciones. Entonces, si sobre los principios básicos
existe un abrumador consenso, cabría preguntarse por qué el debate sobre
la educación ha alcanzado tal grado de discrepancia. La razón es
bastante simple: las diferencias surgen a la hora de valorar el
principio de igualdad de oportunidades; mientras que los progresistas
pensamos que la equidad es un valor esencial en un sistema educativo, a
la derecha no sólo no le preocupa, sino que siempre ha pensado que
calidad y equidad son principios enfrentados.
Más
allá de las cuestiones técnicas –el mundo de la educación, como parece
ignorar el ministro Wert, es de una gran complejidad–, éste es el
fundamento del rechazo del PSOE a la ley Wert, que se debate este jueves
en el Congreso de los Diputados. Es una cuestión profundamente
ideológica, que el PP intenta disfrazar con argumentos en apariencia
objetivos. Por poner dos ejemplos: la calidad de la enseñanza no mejora
en nada si se segrega tempranamente a los niños en función de sus
resultados; lo que se hace es condenar de por vida a una persona que por
circunstancias muy diversas, la mayoría relacionadas con la capacidad
económica de la familia, no obtiene buenas notas en la primera parte de
su formación. Más evidente aún es que no existe ningún criterio de
calidad que avale el adoctrinamiento religioso en las aulas o la
separación por sexos en las escuelas, dos de los aspectos más
característicos de la reforma educativa que trata de imponer el PP en la
más absoluta soledad parlamentaria.
Por si el
proyecto de la ley no lo dejara lo bastante claro, el Grupo
Parlamentario Popular ha venido con dos enmiendas a subrayar el carácter
ideológico de la iniciativa. En una, el PP propone que el suelo público
pueda cederse a instituciones privadas para construir centros. Es
decir, que en toda España se aplique el modelo de la Comunidad de
Madrid, de apoyo descarado a la enseñanza privada. En otra enmienda son
aún más explícitos, y plantean que se suprima algo que ha permanecido en
la legislación española desde 1970: que, con independencia de la
institución que la imparta, la educación tenga carácter de servicio
público. Esas son las verdaderas intenciones que se ocultan tras una ley
cuya principal víctima será la equidad. Porque, con todas las cosas que
haya que mejorar, el sistema educativo español es de los que más
favorecen la igualdad de oportunidades del mundo. Por eso los
socialistas nos oponemos frontalmente a que la LOMCE siga adelante. No
somos los únicos: la mayoría de los grupos políticos nos hemos
comprometido a que el Parlamento que surja de las próximas elecciones
derogará esta desdichada ley.
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