¿ Son culpables los inmigrantes de nuestros problemas ?

Muchos de nuestros vecinos no van a las manifestaciones para rechazar los recortes de Rajoy y de Fabra, pero, muy cabreados, no dudan en señalar con el dedo a los inmigrantes como culpables del gasto sanitario o de cualquier cosa . De inmediato también asocian a los socialistas como responsables de “traer inmigrantes ilegales”. Sin duda la propaganda del PP está funcionando, al igual que a sus homólogos del partido nazi en los años treinta.

A los inmigrantes se les ha acusado de ser culpables “de colapsar el sistema sanitario de nuestro país” y a los socialistas “que regalamos caritativamente la asistencia sanitaria a este colectivo tan numeroso en España”. Y esa es la “herencia” que el PP utiliza para engañar al personal y expulsar del sistema sanitario español a los colectivos más débiles socialmente, tanto españoles como extranjeros, y que han pagado con sus cotizaciones e impuestos ese sistema que en teoría debería protegerlos.

En primer lugar ese “regalo caritativo” a los inmigrantes que ahora Rajoy y sus gobiernos autonómicos abominan lo aprobó el gobierno de Aznar, el gobierno del PP, en el año 2.000. Y es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con los populares. Desde entonces y hasta la fecha, con la nueva “reforma” sanitaria de Rajoy, nadie había cambiado estas leyes. Ni falta que hacía.

En segundo lugar en 2004 (con el PP) habían más de 1 millón de inmigrantes ilegales que tenían los mismos derechos que hasta ahora pero que no cotizaban a la Seguridad Social ni pagaban impuestos, aparte de facilitar la vida de muchos empresarios que los utilizaban en contra de los trabajadores legales para que trabajasen más horas por menos dinero. Eso acabó cuando llegó Zapatero al gobierno y legalizó a la mayoría que, estando trabajando ilegalmente, no pagaban ningún tipo de impuesto ni cotización. Casi un millón de esos ilegales pasaron a pagar como cualquier españolito que se precie.

Los inmigrantes ha contribuido al 39% del crecimiento medio del PIB per cápita y han incrementado en 623 euros la renta anual de cada español.

España tiene una tasa de natalidad de las más bajas del mundo. La población envejece y alguien tiene que trabajar para pagar las prestaciones actuales y las futuras. España habría perdido unos 10 millones de habitantes de no ser por la inmigración, que han venido muchos y en pocos años, dispuestos a trabajar, adultos y sin que el Estado haya tenido que invertir ni un solo euro en su salud y formación educativa. Si no hubiese sido por ellos no hubiera habido, por tanto, trabajadores suficientes para pagar las pensiones de los jubilados de hoy y de los muchos más del mañana cercano.

Con la dependencia de los ancianos, sin apenas ayudas estatales y autonómicas, alguien tendría que quedarse en casa cuidando de ellos. Resulta llamativo que sean las extranjeras las que cuiden al 90% de los ancianos dependientes. Además, trabajan en el hogar, permitiendo que la tasa de actividad de las españolas haya crecido un 12% en la última década, es decir, un 12 % de españolas se han incorporado al mercado de trabajo pudiendo pagar a una cuidadora o tener servicio doméstico al incrementar sus ingresos.

La aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas, en la última década, alcanzaba los 5.000 millones de euros. Siendo que han aportado de media anual 23,4 millones de euros y reciben 18,6 millones de euros. Esto se traduce en que la inmigración ha contribuido al 39% del crecimiento medio del PIB per cápita y ha incrementado en 623 euros la renta anual de cada español. Y con este dinero se pueden mantener 900.000 pensionistas españoles de pura cepa ya que menos del 1% de estos son extranjeros (incluyendo los comunitarios).

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige Fátima Bañez, en marzo habían 1.681.548 extranjeros cotizantes a la S.S., y por lo tanto, que pagan impuestos, alquileres y otros gastos como el resto de españoles. Si se cuentan familiares cubiertos por la S.S., a poco que se sume mujer y un hijo (que suelen ser más) salen los 5 millones de extranjeros, legales, cotizantes y pagando impuestos como cualquier español.

Las saturaciones y colapsos en la sanidad se resuelven con inversiones en estructuras y contratando a más profesionales de la salud y no culpando a los inmigrantes. Necesitaremos muchos más inmigrantes en el futuro, no se les puede enviar a casa ahora y decir que vuelvan mañana cuando están ya integrados o en proceso de integración.

Esto es bueno que lo sepan los que, rabiosamente, dicen “los de casa primero” y los “españoles primero” para acusar a los inmigrantes extracomunitarios (los de “la coleta”, “panchitos”, “moros” o “sudacas” que llaman despectívamente) de ser culpables del gasto sanitario y otros “gastos”. 

Nada que ver, por supuesto, con los bien mirados “turistas” europeos que viviendo, cotizando y pagando impuestos en países como Inglaterra, Francia o Alemania, vienen a España aprovechando las vacaciones o su merecida jubilación para operarse gratuitamente en nuestros hospitales cuando en sus respectivos países tienen que pagar por ello. Pero ahí pocos miran, son “ricos” y europeos. A ellos nos se les pide los “papeles” todos los días, por parte de la policía, como a los extracomunitarios. Porque son blancos y no llevan coleta.

Derechos de los inmigrantes en España hasta la “reforma” sanitaria de Rajoy.

En España la asistencia sanitaria era igual para todos los residentes, fuesen nacionales o extranjeros. La diferencia estaba en el grado de prestación y qué organismo era el que pagaba la factura. La prestación sanitaria era y es independiente de la seguridad social e iba, como ahora, a cargo de los presupuestos generales del Estado, cuyas partidas se reparten entre las autonomías. Es decir, pagamos todos a través del IRPF e impuestos indirectos. Pero son los gobiernos autónomos (como la Generalitat Valenciana) quienes deciden en qué grado prestan el servicio sanitario y cómo lo prestan, que verdaderamente es un galimatías impresionante de normativas.

La diferencia está en que los que cotizan a la seguridad social en un régimen u otro, tanto nacionales como extranjeros, “pagan” con cargo a la seguridad social. Los españoles residentes en el extranjero tienen derechos equivalentes y recíprocos según los convenios bilaterales. De hecho en Brasil, que está demandando mucha mano de obra extranjera, ya están puteando “específicamente a los españoles” que acuden a buscar trabajo, por el trato que reciben los brasileños en España.

Desde el año 2 000, (algo bueno hizo el PP) los inmigrantes “sin papeles” no empadronados tienen derecho a acudir a urgencias por accidentes o enfermedades graves hasta el alta médica, como ahora con la reforma de Rajoy. Se avisa a la policía (inmigración) para asegurarse el cobro y esta tramita el expediente de expulsión o regularización si procede el caso. Normalmente alguna ONG, como la Cruz Roja, cubre este servicio. En todo caso los costes pasan a los servicios sociales de cada CCAA, que reciben fondos europeos, a través del estado, para este menester.

Los inmigrantes que tienen permiso de residencia y los “ilegales” que están empadronados en cada ayuntamiento (contrato de alquiler mínimo) tienen derecho, además, a la atención primaria y especialistas, así como la atención a embarazos, partos y pospartos. Esto con la reforma ha variado, con lo que la saturación en los servicios de urgencia va a perjudicar tanto a nacionales como a extranjeros, además del peligro de que enfermedades ya erradicadas contagien al resto de la población por falta de control. El coste va a cargo de los servicios sociales de las CCAA, también con fondos específicos, como cualquier español que acredite no tener recursos.

Para las ayudas sociales se pide a nacionales y extranjeros que se cumplan unos determinados requisitos, exigibles a todos por igual. Ahora aún no se sabe qué es lo que se va a hacer al respecto, aunque la Generalitat ya había recortado drásticamente estos fondos en la anterior legislatura. En el caso de los inmigrantes empadronados (que deben pagar un alquiler - ingresos para los dueños de los pisos - o tener vivienda en propiedad y, por lo tanto, tener alguna fuente de ingresos) se les pedía acreditar no tener recursos suficientes como a cualquier español. La mayor parte de ayudas se prestan por ONGs como  Cáritas, Cruz Roja u otras.

Y esto es lo que aún rige hoy en día, hasta que se aplique de forma efectiva la “reforma” sanitaria de Rajoy, con colectivos excluidos y copago (que no es otra cosa que volver a pagar dos veces nuestros impuestos) y la privatización de la sanidad en la Comunidad Valenciana del gobierno de Fabra.

Si el PP sigue empeñado en recortar ingresos a jubilados y pensionistas, y además haciéndoles pagar de nuevo lo que ya pagaron antes, la mayoría con enfermedades propias de la edad o de accidentes laborales y, por lo tanto, usuarios habituales de los servicios sanitarios y de medicamentos, pronto la mitad de la población española habrá fallecido y no harán falta inmigrantes. Y esa es la lógica con la que Rajoy y el PP nos gobiernan.