miércoles, 21 de diciembre de 2011

Más aumentos: En enero subirá el recibo del AGUA para pagar el agujero de EMARSA.

A partir de 2012, la tarifa que debe pagar Valencia y cada Consistorio del área metropolitana por la potabilización y transporte de agua hasta su municipio subirá un 3,1%, sobre todo por culpa de los préstamos que contrató la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y están destinados a pagar el agujero de la empresa Emarsa después de su disolución en 2010, uno de 8,4 millones y otro de 6 millones.



En 2012, la amortización de capital y los intereses de estos dos préstamos será de 1,66 millones de euros, que se ha traducido en un incremento de la partida de gastos generales del Emshi, pese a que de esta partida se han disminuido los gastos de personal con la eliminación de los cinco asesores de que disponían los grupos para ahorrar costes.
Así lo denunció ayer el portavoz socialista, Ramón Marí , que criticó que la depuradora de Pinedo pasó como un activo a ser gestionado por la Conselleria de Medio Ambiente (ahora Agricultura y Agua) y la deuda de Emarsa (el pasivo) se la quedó el Emshi, cuya única fuente de ingresos es esa tarifa que cobran a cada ayuntamiento por llevarle el agua, y que después se repercute en el recibo que pagan los vecinos.


En este sentido, Marí ya vaticinó el año pasado que sería en 2012 cuando subiría el precio del agua debido al escándalo de Emarsa. En 2011 se dejó congelada la tarifa porque se pudo compensar con la disminución del canon que se paga a la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a que ya no había sequía. Es decir, aunque el agua que llegaba de los pantanos era más barata, dos años después se paga más por culpa del desfalco en Pinedo. «Es una vergüenza que los ciudadanos tengan que asumir el agujero, porque han sido los engañados por los directivos de la depuradora», lamentó el portavoz socialista.


Esta subida llega además después de que en los presupuestos que se aprobaron en la asamblea del Emshi el pasado lunes se hayan eliminado gastos importantes, como la subvención que recibían los Ayuntamientos de Manises y Picassent por albergar las plantas potabilizadoras del agua del Turia y del Júcar, respectivamente, y que dan de beber a 1,5 millones de valencianos. Los dos Consistorios recibían un canon anual de 475.000 euros cada uno, una eliminación que será efectiva a partir de 2012 y que provocó disputas internas en el Partido Popular y en el PSPV. Según fuentes de Compromís, la asamblea del Emshi llegó a comenzar una hora más tarde porque los representantes del PP no querían que se vinculara esta retirada de la subvención a Manises como un castigo por la gestión de su alcalde al frente del Emshi y de Emarsa, Enrique Crespo.


Y es que el expresidente de la entidad, Enrique Crespo, defendió hace un año con uñas y dientes que el desfalco no iba a influir en ningún recibo. Su imputación en el caso y «las trabas en la investigación», según fuentes socialistas, provocaron que el PP le apartara de la gestión del Emshi este verano, y se pusiera al frente a una persona de la confianza de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.


Y es que la entidad metropolitana llegó a tener, antes de que tuviera que asumir los desmanes en la empresa pública, un remanente positivo de tesorería de 2,4 millones de euros, que se fueron directos a cubrir parte del déficit de Emarsa que se generó con Cuesta al frente. LAS PROVINCIAS intentó ponerse en contacto con el portavoz del PP en el Emshi, Rafael Pérez, pero no lo consiguió, aunque fuentes populares explicaron que solamente se había subido en la tarifa lo correspondiente al IPC del mes de septiembre, un 3,1%.


El agujero económico de Emarsa se cifró en unos 17 millones de euros, en parte en facturas pendientes de pago y en deuda con las entidades financieras, fruto de ese desfalco que ahora investiga un juez y que de momento ya suma 17 personas imputadas. Precisamente, ayer el juez ratificó la imputación de Antonio Arnal, hermano del director financiero y administrador de Arrima. El magistrado argumentó su decisión no sólo en el hecho de que los cursos pudieran no haberse realizado, sino también en que una empresa pública no necesitaba de una formación tan constante porque no debía salir a competir comercialmente en el mercado. Y mostró su extrañeza de que Esteban Cuesta, el gerente, realizara un curso sobre el 'Nuevo plan general contable' de una duración de 70 horas y que en sus declaraciones «desconociera lo más rudimentario sobre la materia». O que los cursos coincidieran con viajes.

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