El Partido Socialista de Massamagrell se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, efeméride que conmemora el aniversario de la matanza de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica), donde 69 manifestantes pacíficos y desarmados fueron asesinados por la policía de Sudáfrica cuando protestaban contra las leyes injustas del apartheid en ese país. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de nuestro propio texto constitucional en su artículo 9.2, reafirmando la igual dignidad humana de las personas y el universal reconocimiento de los derechos humanos protegidos en el artículo 10 de la Constitución. Este año Naciones Unidas establece como lema «El papel de los dirigentes en la lucha contra el racismo y la discriminación racial», con el objetivo de resaltar el papel fundamental que juegan los dirigentes en la movilización de la voluntad política para combatir el racismo y la discriminación racial.
La lucha contra el racismo necesita del compromiso de los poderes públicos en la prevención y erradicación de toda clase de discriminación y delito de odio. En estos dos años de gobierno del PP no se ha avanzado un solo centímetro en esta materia; tampoco se puede decir que se hayan dejado las cosas como están, porque, con los recortes impulsados por el PP, casi todas las políticas públicas en este terreno se han debilitado hasta incluso desaparecer. El último Eurobarómetro sobre discriminación en la UE (diciembre 2012), muestra que la crisis económica está impactando negativamente sobre las políticas antidiscriminatorias, que se perciben como menos importantes y que reciben menos fondos. Se está produciendo una situación de creciente desigualdad social en las sociedades europeas, y en la española en particular, y esto hace peligrar la cohesión y la justicia social.
Frente a la inactividad política de la derecha en esta materia, el partido socialista reitera su compromiso de retomar el proyecto de Ley de Igualdad de Trato y No discriminación que el Gobierno socialista aprobara en 2011, debidamente revisado y actualizado. Se trata de una norma exigida por la Unión Europea (sobre todo, en relación con la previsión de un organismo de asistencia a víctimas), que nos situaría de nuevo en la vanguardia europea de las políticas de lucha contra el racismo. Denunciamos que el Gobierno del Partido Popular no está cumpliendo con las obligaciones europeas contraídas por nuestro país en materia antidiscriminatoria y de lucha contra el racismo, como ponen de manifiesto reiteradamente las organizaciones y expertos que trabajan en este ámbito. Pedimos al gobierno la inmediata incorporación a nuestro ordenamiento de la Autoridad contra la discriminación, tal y como está definida en el derecho de la Unión Europea: con competencia en todos los campos y por todos los motivos de discriminación, como un organismo autónomo y eficaz. Tampoco existe, a pesar de que lo exige la Unión Europea, un servicio que defienda la no discriminación en el ámbito judicial.
Hace falta una propuesta seria, potente y coherente de política criminal contra el racismo y los delitos de odio, que incluya el estudio y seguimiento del fenómeno, su prevención y, por supuesto, la sanción. Debemos promover las reformas legislativas oportunas que posibiliten instar la ilegalización de aquellas organizaciones que vulneren sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales mediante la difusión de ideas de odio ideológico, la incitación pública o mediante actividades de propaganda organizada que promuevan la discriminación racial o étnica.
Debemos requerir la aplicación efectiva de la Ley de Partidos instando a la ilegalización de partidos racistas, antidemocráticos y que promuevan la discriminación racial, el odio y la violencia. Además se hace necesaria una nueva regulación a fin de penar a quienes no sólo provoquen sino que además inciten públicamente al odio y un plan de apoyo a las víctimas de este tipo de delitos. Por otra parte, es necesario trabajar en la prevención y evitar la difusión de ideas y mensajes que inciten al odio por cualquier medio de comunicación o red. Estas actuaciones deben ser perseguidas y sancionadas.
Por ello reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando la creación de Fiscalías especializadas en combatir la discriminación racial y los delitos de odio. Es necesario sensibilizar, formar e informar a todos los miembros de la Fiscalía, Judicatura y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la tipología, características y necesidad de combatir este tipo de ilícitos penales. Los delitos de odio deben ser perseguibles de oficio, su prescriptibilidad debe prolongarse y su sanción penal debe ir invariablemente acompañada de formación.
Exigimos al gobierno que haga cumplir las garantías legales contra la discriminación racial en nuestro país, que impulse una política criminal seria en esta materia y el establecimiento de un régimen sancionador administrativo que no existe actualmente.
Asimismo el gobierno de España debe apoyar a las víctimas del racismo y los delitos de odio, así como a las organizaciones que trabajan en este ámbito para el logro de la obtención de justicia, reconocimiento y reparación conforme a la normativa vigente en la Unión Europea y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Las mujeres y hombres socialistas abogamos por impulsar un Plan Integral contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada. Incluyendo la educación antidiscriminatoria, los Derechos Humanos y la Tolerancia (UNESCO), obligatoria en todos los ámbitos educativos, formativos y jurídicos.
Finalmente, el Partido Socialista reitera su compromiso en la lucha contra la romafobia y el antigitanismo, que no solo exige respuestas jurídicas eficaces y audaces en el marco de la Unión Europea sino medidas políticas que visibilicen positivamente a esta población en Europa. Por ello exigimos al gobierno del PP que desarrolle la Estrategia Nacional para la Inclusión de la población gitana en España (2012‐2020) actualmente paralizada.
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