El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El
aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que no
tienen ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la
reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social (como la
prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción).
Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus
miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que
no cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.
La Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2011) señala que un 21,8% de
la población en España vive por debajo del umbral de pobreza y que el
26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o
mucha dificultad. El número de personas atendidas por Cáritas supera ya
el millón, multiplicándose por tres esta cifra desde 2007. Se estima que
3.200.000 familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo a
su alimentación. Unicef ha denunciado que más de 2 millones de niños
viven en España por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta
seriamente tanto a su alimentación, como al rendimiento escolar de los
menores. La infancia se ha convertido en el grupo más afectado por la
pobreza en nuestro país.
Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la
cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando a clases medias
súbitamente empobrecidas; se intensifica porque no sólo hay más pobres,
sino que estos tienen menos que antes. Y lo peor es que se está haciendo
crónica, es decir, que no se consigue revertir esta situación.
A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz
de articular una respuesta, sino todo lo contrario, desde el mismo
momento en el que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en
marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está
provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos,
agravando aún más la situación de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Es más, todas las medidas adoptadas por el Gobierno del PP se han
dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados y de las entidades
financieras, mientras que los españoles han asistido impotentes a
recortes de derechos y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son una vuelta de tuerca
más en este proceso de reducción del gasto social y consiguiente
desmantelamiento del Estado de Bienestar que está llevando a cabo el
Gobierno Rajoy desde su primer Consejo de Ministros.
Todas las partidas sufren nuevos recortes, que se suman a los ya
impuestos en los PGE de 2012 y al recorte de 10.000 millones de euros en
educación y sanidad. Menos becas, más copago y el colapso del sistema
de dependencia.
Pero donde más dramático es el recorte es en la red básica de
servicios sociales que se ha visto reducida a 30 millones de euros, lo
que supone una merma del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron
alrededor de 50 millones), pero que si la comparamos con el último
presupuesto del gobierno socialista es aún mayor, del 65%, ya que ese
año el Plan Concertado estaba dotado con 86 millones de euros.
Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que
el número de personas que necesitan ayuda de emergencia en España crece.
Diversos informes, de la Red Europea contra la Pobreza, Cáritas y otras
entidades del Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más
españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, del agua;
ciudadanos y ciudadanas que han perdido la prestación por desempleo y
necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el
material escolar.
Los socialistas creemos que es justamente en los momentos de crisis
económica cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de
protección social. Es más, el alcance y profundidad de la crisis
económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas y nuestra
obligación es ofrecer soluciones que puedan contribuir de manera
inmediata a evitar que la fractura social sea cada día mayor.
Por ello, proponemos la creación de un Fondo Estatal de Emergencia
para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una
dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:
• Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos (400 millones de euros)
para reforzar los servicios sociales básicos, multiplicando por más de 4
el Plan Concertado que tenían los Ayuntamientos y que el PSOE dejó en
86 M€, en lugar de reducirlo a 30 M€ para 2013.
• Duplicar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una
convocatoria extraordinaria de subvenciones (200 millones de euros) para
el fortalecimiento de políticas de inclusión social.
• Complementar (400 millones de euros), de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas
mínimas garantizadas, lo que permitiría ampliar el número de
beneficiarios en más de 83.000 personas.
Con este Fondo se beneficiarían más de 500.000 familias y supondría
la creación y/o mantenimiento de 30.000 empleos en los servicios
sociales.
Proponemos ampliar los recursos que se destinan a subvencionar
actividades de interés social del 0,7 al 1% del IRPF para los
contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.
Proponemos apoyar el mantenimiento del programa europeo de ayuda
alimentaria a las personas más necesitadas, reforzar la financiación
pública destinada a los Bancos de Alimentos y promover un gran acuerdo
para garantizar un aprovechamiento eficiente de los alimentos evitando
su destrucción sistemática.
Proponemos evitar los desahucios mediante la renegociación de las
condiciones del préstamo, tal y como hacen las empresas, para buscar
mejores condiciones y que eso les permita a muchos afectados por este
drama mantener su vivienda.
Y queremos hacer esta reivindicación precisamente en el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con el propósito de
generar una mayor conciencia política y ciudadana en torno a la
necesidad de afrontar las causas de la pobreza y de la exclusión en
todos los países, y en particular, en los países en desarrollo.
En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven en la
pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al
agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
A pesar de ello, el presupuesto de ayuda al desarrollo ha caído en
España un 70% desde 2011, alejando a nuestro país de los compromisos
para alcanzar el 0,7%. La ayuda humanitaria ha desaparecido
prácticamente del presupuesto público en un momento en que los
conflictos, el cambio climático y la subida de precios de los alimentos
están incrementando las hambrunas, especialmente en África y países de
América Latina.
Se confirma así, a partir de estos sistemáticos recortes del Gobierno
de Rajoy, la práctica desaparición de esta política pública, seña de
identidad de nuestra acción exterior, debilitando nuestra imagen,
credibilidad e influencia en el mundo.
Por todo ello, el Partido Socialista de Massamagrell quiere sumarse también a las
voces de la Alianza contra la Pobreza en España (plataforma que reúne a
ONGD y diversos movimientos y plataformas sociales) que convoca
concentraciones con motivo de este día 17 de octubre en protesta por una
política de recortes que empobrece aún más a la población tanto dentro
como fuera de nuestro país.
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