¿ES ESTE UN ESTADO ACONFESIONAL SI o NO?

Entre los días 16 y 21 de este mes de agosto, se llevará a cabo un amplio despliegue para dar la bienvenida a la capital de España, a Benedicto XVI en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.

Es del todo cierto, que Joseph Ratzinger es al mismo tiempo, la máxima autoridad del Vaticano, Jefe de Estado del mismo y, su Sumo Pontífice. La conjunción de ambos poderes, provoca que el Vaticano, actualmente sea la única teocracia de Europa. Dicho de otro modo, es un estado en el que el líder gubernamental coincide con su líder religioso, por lo que lo podríamos definir como un gobierno ejercido directamente por Dios.

Hasta ahí nada que objetar. El problema radica en que Ratzinger, nos visita no en calidad de jefe de estado, sino en su calidad de líder religioso, lo que obligatoriamente debe comportar escenarios distintos.

Ante todo es ineludible recordar que España es un estado aconfesional, es decir, que no se adhiere a una religión oficial. Concretamente, el artículo 16 de nuestra Carta Magna, estable literalmente que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Un Estado aconfesional trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. En tal sentido evita la discriminación por cuestiones religiosas pero tampoco favorece a ninguna confesión determinada. En caso de haber una religión que reciba un trato especial por parte del gobierno, dicha importancia tendría un significado puramente simbólico, que no afectaría a la vida ordinaria de sus ciudadanos ni sus derechos, especialmente en el hecho de no hacer distinciones basadas en la religión de cada individuo.

Las relaciones entre la Santa Sede y España, vienen marcadas por los Acuerdos de 1976 y de 1979, mediante los que se otorgan a la Iglesia católica unos privilegios económicos, jurídicos y educativos que se contradicen con la no-confesionalidad constitucional. Unos privilegios, en suma, incompatibles con las libertades democráticas. La única solución justa no es reformar aquellos acuerdos, sino derogarlos y considerar de una vez por todas a España un estado laico sin más, en el que los católicos tengan tanta libertad de asociación y expresión como los testigos de Jehová, Médicos sin Fronteras, o cualquier otra asociación.

Recordando en todo momento que Ratzinger, nos visita en su calidad de líder religioso ¿Cómo se le debe tratar? Por su puesto con todo el respeto del mundo, a pesar de que él no lo tenga con quienes no comulguemos con sus creencias y pese a que la jerarquía católica practica activamente la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia y el heterosexismo, señalando y discriminando a toda aquella persona que se escape de la norma, no obstante y pese a todo ello, considero que debe tener toda la libertad para expresarse, así como la de sus seguidores para manifestarse. Tanta como merece cualquier otro personaje que defienda unas ideas, aunque éstas promuevan "de buena fe" actitudes contrarias a los derechos humanos.

Otra cosa es la relación con los representantes públicos. Se trata de personas que pueden ser cristianas, budistas, ateas, espiritistas,... y participar en los ritos que quieran en su vida privada, pero actuando como representantes, obviamente, no deben ejercer de creyentes, increyentes o anticreyentes.

Un representante público, empezando por el Rey y haciéndolo extensible a ministros, delegados de gobierno, presidentes de comunidades, consejeros, concejales, etc., no debe hacer profesión de sus convicciones particulares ejerciendo su cargo. Si lo hacen - por ej., participando como devoto en una misa, arrodillándose, santiguándose, inclinándose ante una autoridad eclesial o besando su anillo, asistiendo a procesiones - puede estar desairando u ofendiendo a cuantos no comparten su ideología.

Con más razón aún, en un estado aconfesional las entidades públicas no pueden hacer gala de ninguna fe; el Gobierno, el Ejército, la Universidad, etc., - a través de sus representantes - no pueden ni deben ir a rendir pleitesía al Papa. Tampoco deberían poner esquelas mortuorias con una cruz y un "rogamos una oración por su alma", ni deberían convocar misas de comienzo de temporada de cualquier deporte, ni hacer ofrendas a ninguna Virgen o Patrón.

Entonces, ¿Cómo han de comportarse nuestros representantes públicos en la visita que Ratzinger, nos hace en calidad de líder religioso? Soy de los que piensa, que debe ser objeto de las relaciones protocolarias habituales, ni más ni menos y, en modo alguno, recibirlo con honores de jefe de estado, ya que no viene como tal. Además, debería plantearse la resolución de los conflictos entre los dos estados que no son otros que los derivados de los citados acuerdos del 76 y el 79. Del mismo modo, se debería aprovechar su estancia para recordarle que hay que cumplir los derechos humanos y los valores de la democracia y que bajo ningún concepto, por muy pastor que sea se su rebaño, debe vetar las leyes aprobadas en nuestro Congreso por diputados elegidos en unas elecciones libre y democráticas.

Por su parte, la derecha pura y dura del Partido Popular que, desde las administraciones que copa, ya sea la municipal o la autonómica, trata de ocultar los más de 50 millones de euros que tendrá como coste la Jornada Mundial de la Juventud de este mes de agosto y el esfuerzo que para su desarrollo se requiere de determinados trabajadores públicos, de determinadas instalaciones públicas y de determinados cuentas públicas”.

Así, Luis Suárez perteneciente a la Real Academia de la Historia, vinculado a la Fundación Francisco Franco, Presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y, miembro del Opus Dei, señala que “el acto de la visita del Papa debe tener un aspecto institucional y exige la colaboración de las autoridades e instituciones del Estado, de la Comunidad de Madrid y de su Ayuntamiento, sin reserva alguna”. Por si esto no fuese suficiente, se permite hacer llamamientos regeneracionistas, señalando que a los jóvenes incumbe la tarea de regenerar nuestra pobre sociedad. Cabe señalar, para quienes lo desconocen que, estos llamamientos regeneracionistas, fueron claves a la hora de justificar el levantamiento militar contra la II República.

Para concluir, y sin que sirva de precedente, no tango más que expresar mi disconformidad con el modo en que el Gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español del cual soy militante, actúa al respecto.

La actuación del gobierno socialista se ha limitado a explicar que esta Jornada Mundial de la Juventud tiene la “consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de exenciones e incentivos fiscales a las entidades sin fines lucrativos y a las empresas de mecenazgo que colaboran en el evento”, sin aportar cifras concretas. Nos encontramos en medio de una grave crisis económica, con drásticos recortes a los servicios públicos y a las cuentas estatales y autonómicas. Los ciudadanos no creyentes, entre los que me incluyo, no debemos sufragar en modo alguno la visita de ningún líder religioso, independientemente de cual pueda ser su confesión.

Jacinto Aroca