La Conselleria de Justicia permite la desprotección de mujeres maltratadas y la acumulación de miles de condenas de todo tipo sin ejecutar.

El gobierno de Camps continúa recortando gastos de donde nunca debiera, es decir, de áreas y servicios públicos fundamentales, como son Educación, Sanidad, Transportes, Seguridad y Justicia. Si ayer eran los profesores, los bomberos y los empleados de Ferrocarrils los que se quejaban ante las puertas de diferentes órganos de la Generalitat, hoy son los jueces y magistrados los que confiesan estar "hartos" de los recortes en materia de personal de la Conselleria de Justicia.

La consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, durante su toma de posesión en el año 2008. Foto: orihueladigital.es


El caso más sangrante del que se está haciendo eco la prensa esta semana es el del Juzgado de lo Penal n.º 14 de Valencia. Según publica Levante-EMV, este juzgado acumula sin ejecutar 33 órdenes de protección a mujeres maltratadas, después de que la Conselleria eliminara a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista. En total hay paralizadas 2.450 condenas, y la magistrada de este juzgado está tramitando actualmente 5.753 condenas. Algunas causas son de sentenciados que tienen pendiente el ingreso en prisión con penas de hasta cinco años y otras de condenados por abusos a menores en la calle .

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial apuntó en marzo en un informe que el Juzgado de lo Penal n.º 14 de Valencia sufría un "grave colapso" y alertó del riesgo que se corría por la posibilidad de que algún condenado volviera a delinquir. Los inspectores incidieron en "la imposibilidad" de que la jueza realizara su trabajo con garantías. También el juez decano de Valencia ha advertido a la Conselleria de la situación de este juzgado hasta en siete ocasiones en los últimos tres meses, y los responsables del juzgado trasladaron en junio al director general de Justicia de la Conselleria su preocupación por la posible desprotección de las víctimas de violencia machista y le recordaron el caso Mari Luz.

Hasta ahora no ha habido ninguna reacción por parte de la Conselleria de Justicia, salvo la de contestar al Levante-EMV que "el director general de Justicia tiene previsto plantear en septiembre una reestructuración de plantilla" para resolver el problema. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han advertido de que la decisión de la Generalitat Valenciana de no aumentar la plantilla y esperar a intentar resolver el problema en septiembre "es una imprudencia", porque "no se puede mantener un juzgado paralizado con más de cinco mil ejecutorias en trámite", e indicaron que "si pasa algo será responsabilidad de la Conselleria de Justicia" por no reforzar la plantilla.
Fuente: Levante-EMV.