Mañana, manifestación en el Cabañal

Mañana domingo, 31/1/2010 a las 12:00 horas, manifestación en el Cabañal. Inicio: cruce entre Avenida Los Naranjos y Calle La Reina. Punto de encuentro: 11 h 45’ cruce de Calle Dr. Lluch y Avda. Tarongers (frente Burger King).

NUESTRA POSICIÓN: UNA VISIÓN PROGRESISTA E INTEGRADORA.

El proyecto que se pretende realizar desde hace más de un siglo es la unión del centro de la ciudad con los Poblados Marítimos y no sobre ellos. El Cabanyal forma parte de Valencia, que a través de este barrio se conecta al mar.
Los socialistas siempre tuvimos clara la necesidad de enlazar la ciudad con el mar, pero siempre de forma respetuosa con el Cabanyal, por lo que nunca optamos por la prolongación ni por la destrucción del barrio.
De hecho, dejó diferido el planeamiento en el Plan General de 1989 para analizar con detalle el mejor enlace posible sin destrucción, y cuatro años más tarde declaramos el barrio Bien de Interés Cultural, dejando clara así nuestra oposición a la destrucción del barrio y su apuesta por la protección.
Valencia ya está abierta al mar a través de los Poblados Marítimos, que también forman parte de la ciudad, y ya conecta con él a través de la avenida de los Naranjos, la avenida de Francia y la avenida del Puerto.

NUESTRA POSICIÓN: REVITALIZAR.

Si el PP pretendiera realmente rehabilitar el barrio ya lo habría hecho en sus 18 años al frente del gobierno municipal. Basta darse una vuelta por el barrio para constatar que no ha sido así. El ayuntamiento ha incumplido su obligación de preservar el patrimonio y ha permitido la degradación del Cabañal de forma pasiva, al no impedir su deterioro, y de forma activa, al demoler edificios de considerable valor y al elaborar un plan que atenta contra la integridad de un conjunto histórico protegido.
Lo realmente necesario para revitalizar el barrio es rehabilitar sus edificios, garantizar la pervivencia del modo de vida de sus habitantes, dignificar el espacio público y dotar la zona de equipamientos públicos. La actuación al respecto del PP ha sido claramente insuficiente, pese a que el PEPRI también contempla la rehabilitación de 560 edificios protegidos no afectados por la prolongación, la construcción de 400 viviendas de protección pública, la ejecución de 39 equipamientos y 21 actuaciones de reurbanización y aparcamientos públicos.
Lo que realmente conseguirá la prolongación de la avenida es partir el barrio en dos, acabar con su trama urbana y destruir buena parte de sus edificios protegidos. La mejor forma de recuperar el barrio es la que hemos defendido siempre los socialistas y una buena parte de los vecinos: revitalizarlo mediante la rehabilitación de sus edificios, la dignificación del espacio público, la construcción de equipamientos y la pervivencia de la forma de vida de sus habitantes.
La prolongación de Blasco Ibáñez es inviable económicamente, más aún en este momento, y, además, insostenible, pues no es reversible.
De hecho, las constructoras que formaban parte de la sociedad Cabanyal 2010 como socios privados de la Generalitat y el Ayuntamiento abandonaron la empresa hace un año. La prolongación implica expropiaciones, demoliciones, realojos y nuevas construcciones, por lo que es mucho más cara que la rehabilitación, la opción más viable económicamente y que, además, generará empleo.
Si el barrio no recibe inversiones, será porque el PP no quiere que las reciba. Vincular la inversión en el barrio con la aceptación de la prolongación de Blasco Ibáñez es un chantaje intolerable.
El Cabanyal es un barrio histórico, un conjunto arquitectónico protegido por su trama urbana y sus fachadas modernistas, que ha sobrevivido a dos grandes incendios y a los bombardeos de la Guerra Civil. Es el Partido Popular quien ha favorecido la degradación, de forma activa y pasiva, pese a ser patrimonio de toda la ciudad y de toda la Comunitat. La rehabilitación es la única medida justa con los vecinos y respetuosa con el patrimonio.

NUESTRA POSICIÓN: PROTEGER.

Ganar elecciones no justifica la destrucción del patrimonio de todos. Ningún voto es un cheque en blanco para el expolio.

La orden del Ministerio de Cultura se produce en cumplimiento desendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo referidas al ámbito de la protección patrimonial.

El Gobierno ha actuado en el marco de sus competencias exclusivas,en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones. La ministra ha actuado de acuerdo a la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1 de la Constitución en defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Es la Generalitat quien ha invadido competencias que no le son propias al cometer el despropósito de aprobar ad hoc un decreto-ley para dejar sin efecto la orden ministerial y burlar la legislación nacional y autonómica sobre la protección del patrimonio. Rita Barberá intenta plantear como un conflicto de competencias lo que se trata realmente de un conflicto de valores. Resulta incomprensible que, ante la disyuntiva de recuperar un barrio o destruirlo y hacer sufrir a sus vecinos, la alcaldesa, con la connivencia del presidente de la Generalitat, haya optado por lo segundo. La aprobación de un decreto ley para vulnerar el espíritu y la letra de una ley no sólo no reestablece la seguridad jurídica sino que supone una nueva arbitrariedad de Francisco Camps y Rita Barberá en su empeño por destruir el patrimonio de los valencianos.

Lo único que impide la orden es la destrucción del barrio. La decisión del Ministerio es justa, histórica y esperanzadora. Justa, porque atiende el mandato del TSJ de Madrid, confirmado por el Supremo, de pronunciarse sobre el plan atendiendo a los numerosos informes técnicos contrarios a la prolongación y omitidos hasta el momento por las administraciones. Histórica, porque pone fin al deterioro del barrio que este equipo de gobierno ha permitido durante años por acción u omisión, desoyendo las reclamaciones de expertos, vecinos y oposición. Y esperanzadora, porque supone el inicio de la recuperación del Cabanyal, un barrio histórico y singular, con características urbanas y arquitectónicas diferenciadas y un modo de vida propio, patrimonio de los vecinos de la zona y de toda la ciudad.

NUESTRA POSICIÓN: REHABILITAR.

Sólo los bárbaros identifican la destrucción con el progreso. La conservación del medio natural, del paisaje y de la ciudad histórica son aspectos nucleares de la cultura contemporánea.
El PP ha mostrado una mayor celeridad en enfrentarse con el Gobierno que en escuchar a los vecinos y rehabilitar el Cabanyal. Ha optado por persistir en su propósito de destruir un barrio histórico patrimonio de todos en lugar de cumplir una orden ministerial que pretende garantizar la pervivencia del patrimonio histórico del Cabanyal y de la ciudad, así como del modo de vida de sus vecinos y vecinas.
En cualquier caso, el decreto ley del Consell no deroga la orden del Ministerio de Cultura porque no tiene capacidad para hacerlo. El Cabanyal sigue siendo un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural sobre el que no se puede prolongar la avenida porque constituiría un expolio del patrimonio.

La continuación de los derribos constituirá un desafío al Gobierno de España, que ha actuado en el marco de sus competencias, y evidenciará que Barberá y Camps prefieren enfrentarse al Gobierno en vez de evitar el sufrimiento de los vecinos y el deterioro del patrimonio.

TIEMPO DE CAMBIO
Ahora es el momento de la esperanza y es el momento de hablar de futuro. De un futuro dialogado que pasa necesariamente por la paralización de los derribos, la desestimación de la prolongación y, sobre todo, por la elaboración de un nuevo plan para el Cabanyal.
Un nuevo plan que debe elaborarse de forma consensuada con los vecinos de la zona y de toda la ciudad, con los expertos, las universidades, los colegios profesionales, los agentes sociales y con los grupos políticos. Un plan que, necesariamente, debe contemplar la revitalización del barrio mediante la recuperación del patrimonio de todos y no mediante su destrucción. Un nuevo plan que, a diferencia del anterior, no debe ser el fruto de una imposición del Partido Popular sino el resultado de una gran conversación que implique a toda la ciudad.

Proponemos, de forma inicial:
• Dignificar el Cabanyal en sus espacios mas heridos por las expectativas de demolición: la operación bandera sería la rehabilitación de la Lonja mediante convenio del Ayuntamiento con el Ministerio de Vivienda o directamente por el gobierno de España.
• Poner en marcha de la autentica oficina de rehabilitación RIVA, lo que redundaría en fomento del trabajo mediante pequeñas empresas vinculadas al barrio.
• Utilizar el patrimonio municipal de suelo adquirido en estos 11 años para suscribir un convenio de reconstrucción con las universidades para el establecimiento de un colegio mayor disperso.
• Adecuar el espacio público con especial atención al aparcamiento de coches y al carácter vecinal de las calles.
• Equipar el barrio.
• Fomentar la actividad primando la presencia de comercio de proximidad en las calles transversales.
• Crear viveros de empresas I+D+i utilizando los grandes contenedores del barrio: hay algunos grandes edificios, almacenes y antiguos astilleros de ribera dentro del tapiz urbano perfectamente adecuados para tales fines.

¿Cómo se puede financiar?
La financiación está al alcance. El Ayuntamiento de Valencia todavía puede incluir la rehabilitación del Cabanyal en la lista de proyectos que remitirá al gobierno para financiar con cargo al segundo Plan E.
Además, puede utilizar para la revitalización del barrio los 29 millones de euros consignados en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva de la Generalitat para expropiar, derribar y urbanizar las zonas comprendidas entre la calle San Pedro y la calle Progreso. Podría, también, hacer uso del convenio firmado en diciembre de 2007 con el Ministerio de Cultura y la Generalitat para rehabilitar el barrio. El convenio, que el Ayuntamiento no ha aplicado, preveía la rehabilitación de 800 viviendas y destinaba para ello 10.033.612 euros, de los cuales el Gobierno central aportaba 2.763.250 euros (el 27’5%); la Generalitat, 7.245.427 (el 77’23%); y el Ayuntamiento, 24.935 (0’27%).

Hay dinero, lo que falta es voluntad política.