LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA LA COMUNIDAD VALENCIANA

Pasados ya más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, el Consell del Presidente Camps sigue impidiendo que, miles de personas dependientes valencianas, puedan ejercer su derecho a recibir servicios y ayudas económicas, que ya son una realidad en otras comunidades autónomas.
Según los últimos datos oficiales del 1 de marzo de 2009, la Comunidad Valenciana, se mantiene a la cola en la aplicación de la ley, junto con la Comunidad de Madrid.

Solicitudes de valoración registradas

- En toda España, se han registrado ya 788.288 dependientes que han solicitado valoración.
- En la Comunidad Valenciana, sólo se han registrado 37.689. Si la Consellería de Bienestar Social hubiera cumplido con sus obligaciones, habrían registrados 85.923.

Dependientes con prestación reconocida

- En toda España, 326.630 dependientes disfrutan ya de una prestación económica o un servicio (tele asistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia, cuidador o asistente personal).
- En la Comunidad Valenciana, sólo 15.111, dependientes disponen de esa ayuda o servicio y la mayoría, ya estaban atendidos con anterioridad en centros. Si el Consell hubiese aplicado la ley como lo han hecho otros gobiernos autonómicos, hoy, 35.602 dependientes valencianos habrían recibido la ayuda económica o el servicio que por ley les corresponde.
Los dependientes y sus familias, prefieren la figura del cuidador familiar. En España, 151.291 dependientes disponen ya de ese cuidador pero en nuestra Comunidad, sólo lo tienen 4.110 cuando podrían tenerlo 16.490.

El boicot al que el Presidente Camps ha sometido a la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, ha provocado un daño irreparable a 20.491 dependientes que, a día de hoy, deberían estar ya disfrutando de los derechos que la ley les otorga y sin embargo, siguen esperando en sus casas la resolución de su solicitud.
Si estas 20.491 personas vivieran en otra comunidad autónoma, ya estarían recibiendo la ayuda a la que por ley, tienen derecho.

El Presidente Camps no es sensible y hace caso omiso a las críticas generalizadas que la sociedad valenciana realiza a diario sobre la inaplicación de la ley (sindicatos, plataformas, asociaciones profesionales, ayuntamientos, Síndic de Greuges, defensor del Pueblo, familiares de dependientes), y se niega a aceptar las propuestas del PSPV que pueden eliminar los obstáculos que impiden que los dependientes valencianos ejerzan los derechos que la ley les reconoce.

ES NECESARIO:
- Simplificar el procedimiento administrativo.
- Resolver los expedientes en un plazo máximo de seis meses.
- Conceder las ayudas con efecto desde el día de la solicitud.
- Compensar económicamente a los familiares de los dependientes que hayan fallecido sin haberse resuelto su solicitud.
- Otorgar a los ayuntamientos el máximo de competencias en la tramitación de las ayudas.
- Eliminar el silencio administrativo.

Un gobierno como el del Presidente Camps, que abandona a su suerte a miles de dependientes valencianos y a sus familias, no es un gobierno de fiar.