Seguimos con los recortes: 15 nuevos juzgados y entre ellos el nuevo juzgado de Massamagrell.

La noticia del retraso en abrir 15 nuevos juzgados en la Comunitat Valenciana –entre ellos el de Massamagrell- ha motivado al CSIF a pedir al Consell que “recorte de otras partidas y centrar sus recursos en actuaciones básicas que tienen repercusión directa en el ciudadano, como la apertura de nuevos juzgados que rebajen el grado de saturación de los actuales”.

El sindicato CSI•F reclama al Consell la puesta en marcha de los 15 nuevos juzgados anunciados para el 30 de junio al considerar que el gobierno autonómico debe dar prioridad a esta situación “que provoca que los empleados públicos estén desbordados y no puedan atender con la eficacia que desearían a los usuarios”. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explica que el próximo 30 de junio estaba prevista la apertura de 15 nuevos juzgados en Alicante, Benidorm (dos), Denia, Elche, Novelda, Villajoyosa, Torrevieja, Gandia, Nules, Carlet, Llíria, Orihuela, Massamagrell y Quart de Poblet.

El Consell, a pesar de haber pedido ya una moratoria el pasado año para retrasar la entrada en funcionamiento de estos nuevos juzgados del 30 de diciembre de 2010 al 30 de junio de 2011, ha comunicado ahora que no abrirá estas dependencias por falta de recursos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticó ayer a la Generalitat valenciana por su decisión de no poner en marcha 15 juzgados que se había comprometido a abrir antes del 30 de junio en el marco del plan de agilización de la justicia diseñado por el Gobierno.

El poder judicial estudió la cuestión en su comisión permanente y acordó darse por enterado del decreto del Ministerio de Justicia que deja en suspenso la apertura de las 15 nuevas unidades judiciales. La razón, señalaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, es que la Generalitat ha alegado carecer de dinero para ponerlos en marcha. La situación es grave, señalaron fuentes del CGPJ porque la Comunidad Valenciana es una de las autonomías que mayor sobrecarga arrastra en sus juzgados. "Pese a que aceptamos que la situación económica hace difícil la inversión, lo que no se entiende es que no se priorice la Administración de Justicia en esa zona", señalaron las mismas fuentes.

A las críticas similares que han manifestado en las últimas semanas distintos sectores de la justicia, se unió ayer el sindicato CSIA-F, que instó al Gobierno valenciano a priorizar la inversión en justicia; la saturación actual, afirmó, "provoca que los empleados públicos estén desbordados y no puedan atender con la eficacia que desearían a los usuarios".La Generalitat emitió un comunicado en el que pedía al CGPJ que mediase ante el Gobierno para que financiase la apertura de esos 15 juzgados. En la nota, la Consejería de Justicia aludió a que Cataluña ha recibido apoyo del Gobierno para implantar unidades judiciales en los últimos años. La valenciana ha sido la primera autonomía española que renuncia a la apertura de juzgados cuya constitución ya había sido acordada.

La Generalitat está teniendo graves problemas para sostener el funcionamiento de la Administración de justicia en aquellos ámbitos en los que ostenta la competencia. Otra prueba de ello es la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de una denuncia interpuesta por una empresa a la que el Consell adeuda 199.000 euros por el suministro de folios y demás material de oficina a los juzgados valencianos, que ayer adelantó El Mundo. La empresa Grama, con sede en Asturias, presentó la denuncia contencioso-administrativa a finales de 2010, y fue admitida a trámite mediante providencia hace unas semanas.