COMUNICADO DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE CASTILLA – LA MANCHA Y EL TRASVASE TAJO-SEGURA

Visto el resultado de la reunión de la ponencia encargada de dictaminar la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, es mi obligación trasladar a la opinión pública a través de los medios de comunicación mi opinión respecto a una cuestión que entiendo fundamental para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana y también para el actual modelo de Estado.
Considero que la votación de la ponencia, en los términos en los que se ha producido, constituye una grave irresponsabilidad. Legislar desde el ámbito autonómico sobre cuestiones que atañen de manera clara a intereses de todo el Estado, como sin duda son los recursos hídricos disponibles en las diversas cuencas del Estado español, es iniciar un camino de incalculables consecuencias abocado a la confrontación de unos territorios contra otros.
A esta idea fundamental responde lo establecido en nuestra Constitución en el Art. 149. 1. 22 que atribuye al Estado la competencia exclusiva en “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma”, tarea que acorde con un Estado como el nuestro debe ejercerse desde el mayor nivel de cooperación y participación de las comunidades autónomas.
Por ello exijo la inmediata retirada de la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha en los términos en los que está planteándose la enmienda transaccional sobre la política hídrica aprobada.

Es mi intención, como así lo ha sido durante el año y medio que ostento la responsabilidad como secretario general de los Socialistas Valencianos, impedir por todos los medios orgánicos e institucionales a mi alcance que prospere una iniciativa que abocaría al fracaso del actual modelo autonómico español.
Aquellos que a través del voto a favor o la abstención han posibilitado que haya prosperado esta iniciativa habrán de responder, sin duda, en los ámbitos que les corresponda. Pero en el ámbito que a mí me compete responder, que son en las Cortes autonómicas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de esta Comunitat, la respuesta será firme y contundente, como lo ha venido siendo durante estos últimos meses.

En cualquier caso, desde la evidencia de haber cumplido con mi responsabilidad como secretario general del principal partido de la oposición, es mi obligación denunciar con contundencia la especial responsabilidad de Camps en la situación en la que hoy nos encontramos.
El president de la Generalitat, principal representante de todas y todos los valencianos, ha consentido por incomparecencia la aprobación de la ponencia del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Francisco Camps ha hecho dejación de sus funciones abandonando los intereses de los valencianos y las valencianas a su suerte y sometiéndose a pactos todavía inexplicados y a ausencias incomprensibles.

Sólo su actitud durante todos estos meses explica las enormes dificultades que los valencianos y valencianas que sí nos hemos posicionado en contra de cualquier medida que afecte la pervivencia del trasvase Tajo-Segura nos hemos encontrado.
Los valencianos y las valencianas no tenemos gobierno autonómico y no tenemos presidente dedicado a defender aquello que es vital para nuestro futuro como comunidad.
Ni siquiera el presidente Camps se ha dignado a comparecer públicamente ante los valencianos y valencianas.
Camps es hoy, más que nunca, un político acuciado por los escándalos de corrupción y los pactos inconfesables con doña María Dolores de Cospedal que, sin duda, explican la abstención del PP que ha posibilitado la aprobación de la ponencia.
Exijo la comparecencia inmediata y pública del president Camps y un pronunciamiento tajante que asegure que las instituciones valencianas trabajarán para evitar que prospere un proyecto de Estatuto inequívocamente irresponsable e inconstitucional.